19 de noviembre de 2026

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Pereira define cómo retirar edificios en riesgo

Las demoliciones requieren permisos y coordinación entre entidades y propietarios. Los cierres preventivos y las restricciones durante las obras buscan reducir los riesgos para vecinos, comerciantes y transeúntes.

La demolición de una edificación afectada por el sismo comienza con una evaluación para establecer si puede reforzarse o debe retirarse. En Pereira, el diagnóstico define quién debe asumirla.

La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio Bernal, explicó que más de 4.200 edificaciones presentaron problemas estructurales. No todas serán demolidas: ingenieros estructurales y patólogos revisan cada caso y presentan sus conclusiones al Comité de Gestión del Riesgo, que determina cuáles no admiten reforzamiento.

LA DECISIÓN Y LA EJECUCIÓN MUNICIPAL

Cuando el comité autoriza la intervención, el alcalde expide la resolución que ordena demoler el inmueble. Infraestructura coordina el procedimiento con la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger), las secretarías de Gobierno y Movilidad, la Policía y las empresas de servicios públicos.

En Pereira se han autorizado más de 480 demoliciones y ejecutado más de 90. Cuando el propietario lo solicita y la caracterización acredita que no tiene capacidad económica para asumir la intervención, el Municipio ejecuta la demolición sin trasladarle nuevamente ese costo. La Alcaldía destinó inicialmente $25.000 millones de recursos propios y ahora cuenta con el respaldo del Fondo Milagro.

Osorio Bernal aclaró que el Municipio no cobra por los trámites ni por la asesoría durante el proceso. «Nadie tiene el derecho de cobrar por este proceso de demolición», señaló. El Municipio no asume por ello todas las obras.

CUANDO INTERVIENEN LOS PROPIETARIOS

En edificios con pólizas que cubren la demolición, los propietarios pueden coordinar con las aseguradoras el reconocimiento de los costos de operación.

Los particulares también pueden asumir la demolición. Para hacerlo, deben solicitar ante una curaduría urbana el permiso para retirar total o parcialmente el inmueble. Infraestructura no ejecuta esas obras; Gobierno y la Oficina de Control Físico participan en el control.

El costo depende del inmueble, su altura y la complejidad del trabajo. Las estimaciones del sector sitúan el valor de una demolición por encima de los $200 millones. En edificios de alto riesgo, puede alcanzar los $2.500 millones en casos complejos.

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y LA SEGURIDAD

Un equipo técnico establece cómo retirar la estructura. La demolición mecánica se utiliza cuando es posible trabajar con maquinaria, la implosión se reserva para edificaciones de mayor complejidad. La decisión depende de la estructura y los riesgos.

Policía, Movilidad y Gobierno participan en el acordonamiento, los cierres y la comunicación con comerciantes, propietarios y peatones. Quienes estén dentro del perímetro deben suspender sus actividades mientras se realiza la demolición. Osorio Bernal pidió respetar las señales y los cerramientos instalados. «Si ven las demarcaciones de peligro que hemos dejado, es para que la gente siga las recomendaciones», explicó Osorio.

Las maniobras requieren personal especializado y control del área, pues pueden afectar construcciones cercanas. Los cierres y las restricciones deben mantenerse durante el tiempo definido para cada intervención.

LAS EDIFICACIONES CONTIGUAS

Las precauciones aumentan cuando dos construcciones comparten muros o elementos estructurales. Al demoler una, la propiedad vecina puede quedar expuesta o sufrir daños en paredes y cubiertas. Osorio Bernal señaló que la Alcaldía revisa las afectaciones con los propietarios para establecer las reparaciones necesarias.

El compromiso es restablecer elementos afectados, como muros o tejas, y reducir el impacto sobre los inmuebles vecinos.

La implosión de Invico está prevista para el 15 de noviembre y se estima que costará entre $3.500 y $4.000 millones. La operación contempla el manejo de cerca de 3.000 toneladas de concreto y estará a cargo de firmas seleccionadas por el Fondo Milagro. Indumil, entidad autorizada para manejar explosivos, participará con acompañamiento del Ejército. El edificio Colombia también requerirá una implosión y su plan está en elaboración.

Cuatro sitios autorizados reciben escombros en Pereira, uno municipal y tres privados. Allí se han dispuesto cerca de 415.000 toneladas de residuos urbanos.

¿SE PUEDE RECONSTRUIR EN LOS LOTES DEMOLIDOS?

El uso de los terrenos está sujeto al POT. Según la secretaria de Infraestructura, algunos sectores vulnerables están propuestos como espacio público, por lo que no podrían reconstruirse bajo las mismas condiciones. Las nuevas licencias deben tramitarse ante las curadurías.

Una Publicación de: www.eldiario.com.co

Para: Magazín Rutas de Mi Pueblo

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