El terremoto del 10 de agosto no solo dejó viviendas afectadas y edificaciones en evaluación. También puso en riesgo el patrimonio de miles de familias de estratos medios y altos en Pereira y el área metropolitana, muchas de las cuales podrían tardar años en recuperar la estabilidad económica que construyeron durante décadas.
Expertos del sector constructor advierten que, aunque numerosas edificaciones levantadas bajo normas sismorresistentes protegieron vidas y evitaron colapsos mayores, los daños estructurales y las pérdidas materiales representan una carga financiera difícil de asumir para quienes no contaban con seguros de vivienda.
La situación afecta especialmente a propietarios que no califican para subsidios destinados a población vulnerable, pero que tampoco tienen la capacidad económica para adquirir una nueva vivienda o asumir costosas reparaciones.
A esta problemática se suma el caso de cientos de profesionales, comerciantes y empresarios que tenían sus consultorios, oficinas o pequeños negocios en los mismos inmuebles donde residían. Para ellos, el terremoto significó perder simultáneamente su hogar y su fuente de ingresos, agravando aún más el impacto económico.
Desde el sector de la construcción se insiste en que los programas tradicionales de vivienda no serán suficientes para responder a esta emergencia. Por ello, se plantea la creación de mecanismos especiales de financiación, alivios crediticios y apoyos económicos que permitan a las familias afectadas reconstruir sus hogares, recuperar sus actividades productivas y proteger su patrimonio.
Mientras continúan las evaluaciones de daños en Pereira, crece el llamado a los gobiernos nacional, departamental y municipal para que diseñen soluciones acordes con la realidad de miles de familias que hoy enfrentan una de las crisis económicas más complejas de su historia, pese a no encontrarse en condición de vulnerabilidad extrema.
Una Publicación de: Nelson Palacio Vásquez
Para: Magazín Rutas de Mi Pueblo


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